Este pasado martes se confirmó el descenso administrativo del Elche C.F., ratificado por la Audiencia Nacional de Madrid, en una decisión que deja un poso de incomprensión e indefensión en torno a un fútbol español profundamente desvertebrado. Para Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, nada más que una consecuencia irrefutable, amparada por la ley, de la negligente y recurrente gestión de los dirigentes ilicitanos. Una ley que el abogado oscense de origen costarricense pretende amplificar y hacer llegar, sin subterfugios ni cortapisas, a todos los estamentos partícipes en el fútbol. Loable cometido dirán algunos. Lo es, si se interpreta justamente. Y se aplica, en su abrumadora magnitud, a todos por igual.
No proceder de esta forma conllevaría ejecutar medidas que supondrían desmembrar una reputada institución deportiva y herir, gravemente, el entramado social y económico de una ciudad. La realidad de todo este asunto es que el Elche entregó y obtuvo el certificado positivo de Hacienda, 10 días después de la fecha tope para ese expediente. Debido a ello, fue descendido automáticamente a Segunda División el pasado 5 de junio por el Juez Único de la Liga. No fue hasta apelar a la justicia ordinaria cuando los alicantinos obtuvieron la medida cautelarísima que suspendía tal descenso. Pero finalmente, esta misma justicia ajena al deporte le condenaba a jugar la temporada que viene en la categoría de plata del fútbol profesional.
Pero, ¿es realmente justa la sanción al cuadro franjiverde? No, desde un punto de vista de interpretación. Dejando a un lado los sobradísimos méritos deportivos ilicitanos, la verdad es que el Elche está al día con Hacienda, como dicta la legislación vigente. No todos los clubes pueden decir lo mismo. Pero para Tebas, que asegura no hacer excepciones en la aplicación de la ley, no todos los casos parecen ser iguales.
No sólo las entidades deportivas han de cumplir requisitos económicos y tributarios. Existen otros diversos condicionantes referidos, entre otros ámbitos, a la estructuración y dotación de infraestructuras, por las que pueden ser castigados con descensos administrativos. Por ejemplo, la capacidad en los estadios. El aforo mínimo en Primera División es de 15.000 espectadores. El Eibar, beneficiario directo de la plaza que el Elche deja vacante, incumple dicha norma.
Si ya de por sí el agravio es perceptible, la incisión perpetrada al Elche adquiere consecuencias aún más devastadoras teniendo en cuenta que a la institución ilicitana se le priva de la ayuda económica derivada por la pérdida de categoría. Otra injusticia desproporcionada que deja al club moribundo y abandonado a su suerte. Por no hablar de la considerable reducción de ingresos procedentes de los contratos televisivos.
El panorama para la entidad valenciana es, por tanto, desolador. La verdad absoluta de Javier Tebas ha dejado a un club y a una ciudad al borde del abismo. El presidente de la LFP ha querido apuntar directamente al Elche para dictar justicia. La misma que para otros decide interpretar de forma muy dispar.
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